CARTA DEL DIRECTOR Domingo 14/08/05
Primera exposición razonada a favor de la reapertura de la Comisión del 11-M
PEDRO J. RAMIREZ

I.-
UN JUEZ DESORIENTADO Y DESBORDADO
LÁGRIMAS DE LA FISCAL. El juez Juan del Olmo consuela a Olga Sánchez, la fiscal del caso 11-M, en la Audiencia Nacional. EFE

La primera conclusión que se extrae del ya considerable monto de revelaciones que tanto EL MUNDO como otros diarios hemos ido expurgando del sumario del 11-M durante los últimos 15 días es que el magistrado Juan del Olmo nunca será capaz de averiguar por sí mismo lo sucedido. De hecho, lo que más llama la atención en medio de la maraña de diligencias, interrogatorios, informes y contrainformes con los que Su Señoría se ha dejado marear es la ausencia de un plan sistemático de investigación, la total falta de rumbo y criterio en una instrucción que en la práctica está siendo conducida, en función de la conveniencia política del Gobierno, por la Fiscalía y por unas Fuerzas de Seguridad a cuya «ponderada actuación» ya dedicaba Del Olmo tan absurdos como mal redactados ditirambos desde sus primeros autos.

Sólo la aparición de uno o varios letrados, que en nombre de las acusaciones privadas -o las defensas- soliciten de forma sistemática la práctica de nuevas pruebas e intervengan con intencionalidad en los interrogatorios, podría salvar al magistrado de su actual naufragio en el océano de conjeturas, indicios contradictorios y pistas significativas sin investigar en el que atolondradamente bracea con más voluntad que acierto. ¿Cabe un indicio más elocuente de su desorientación que el que a estas alturas solicite al Gobierno «la desclasificación de cuantos datos, documentos, notas, informes, análisis, estudios o investigaciones obren en poder de los servicios de Inteligencia del Estado» que guarden la más leve relación con sesenta y pico de sus imputados? No es de extrañar que en el último Consejo de Ministros hubiera quien se preguntara si Su Señoría quería que le hicieran otros su trabajo y quien directamente pasara a tildarle de «chalado».

Incluso si entre los abogados personados -seleccionados en parte por el albur del turno de oficio- surgiera algún lince con la cabeza bien amueblada y el vigor procesal suficiente para ayudarle a centrar el tiro, las pautas de comportamiento hasta ahora exhibidas por Su Señoría, propias del arquetipo del tímido autoritario, dejan poco margen a la esperanza. Un juez que, en medio de un berrinche inducido por la Fiscalía, es capaz de remitir a un director de periódico un ultimátum tan grotesco como el que me envió el pasado día 28 y que luego no tiene ni la coherencia de tratar por el mismo rasero a los colegas que siguieron nuestra pauta, ni la decencia intelectual de reconocer el error y pedir disculpas por el abuso de Derecho, no es desde luego el tipo de personaje dispuesto a dejarse enmendar la plana por uno de esos abogadillos a los que mira de arriba abajo.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. ©CINTV S.L.La impermeabilidad del magistrado a toda colaboración espontánea ya quedó de relieve cuando acordó meter en un sobre lacrado las respuestas del imputado y confidente de la UCO, Rafá Zouhier, al intencionado cuestionario del diputado Del Burgo, no fuera a ser que contaminaran con algún ápice de verdad las evasivas obtenidas por su mucho más romo interrogatorio. Todo indica que en su arisca impotencia se ha aferrado a la fiscal Olga Sánchez y al comisario general de Información, Telesforo Rubio, como únicos salvavidas y que son los superiores de ambos -es decir, Cándido Conde-Pumpido y José Antonio Alonso- quienes desde su motora gubernamental le arrastran a las aguas que más les convienen.

El Supremo belga confirma la extradición a España del portavoz de Al Qaeda en EuropaUno de los ejemplos más flagrantes es el informe en que los especialistas del comisario Rubio establecen que la fecha de la masacre quedó fijada «al menos» desde el 19 de octubre de 2003, cuando Youssef Belhadj hizo constar falazmente, al comprar una tarjeta telefónica en Bélgica, que había nacido un 11 de marzo. La cuestión no es baladí, pues vendría a desbaratar la tesis de Aznar, según la cual la esencia del complot era actuar 72 horas antes de las elecciones, de forma que si éstas se hubieran adelantado o atrasado, también los atentados se habrían desplazado de forma correlativa.Con la fecha del 11-M ya acordada tres meses antes de que se convocaran los comicios, la intencionalidad política de la masacre aparecería más como un castigo genérico al Gobierno del PP por su actitud sobre Irak que como un mecanismo minuciosamente planificado para alterar el resultado electoral. Es el trecho que media entre la lógica yihadista y la conspiración en clave española.

De ahí la importancia de la técnica deductiva empleada por la Comisaría General de Información. Para el equipo de Telesforo Rubio, el dato poco menos que definitivo es el hecho de que, al obtener otra tarjeta, Belhadj fijara su natalicio en la fecha de la matanza de Casablanca -un 16 de mayo-, «lo que hace prácticamente imposible que se trate de una casualidad, puesto que habrían de haberse producido dos casualidades consecutivas». Al margen de que estos sabuesos no aclaran si ésas eran las dos únicas tarjetas que en mucho tiempo adquirió el islamista o si por el contrario manejaba una extensa colección de ellas, hay que admitir que, ciertamente, la aplicación del índice de probabilidades -una entre 365- que ofrece el calendario y su elevación al cuadrado no conducen a pensar que se trate de una archicasualidad.

La furgoneta encontrada en Alcalá de HenaresLo inaudito es que estos policías que parecen decirle ahora al juez que no creen en los Reyes Magos fueran los mismos que elaboraran los villancicos disfrazados de informes que pudo entonar Zapatero durante su comparecencia prenavideña ante la Comisión parlamentaria.En ellos se recurría al más ingenuo «azar» para justificar otras dos «casualidades consecutivas» aún más importantes para la investigación.A saber: el robo del coche por parte de ETA en el callejón de Trashorras y la simultaneidad de las dos caravanas de la muerte en la noche del 28 de febrero de 2004. Así como el cálculo matemático equipararía este segundo episodio al de las tarjetas de Belhadj, pues ambos se basan en el mismo almanaque, el margen para que lo del callejón también fuera casual se reduce exponencialmente, pues es obvio que en España, e incluso en las propias comunidades cántabra y asturiana, hay muchísimos más de 365 espacios urbanos equivalentes.

Trashorras y ToroPero ni siquiera la constatación de que sus auxiliares policiales hayan podido pasar sin solución de continuidad de la credulidad de los pastorcillos al racionalismo de las mentes analíticas ha mosqueado lo más levemente a Su Señoría. La hipótesis de la conexión logística entre ETA y los islamistas no queda descartada por el resultado de rigurosos interrogatorios a los autores del atentado de Santander, por la exhaustiva reconstrucción de las andanzas de Toro y Trashorras -Del Olmo ni siquiera ha sido capaz de traerse a declarar al Nayo- o por pesquisas mínimamente serias en el ámbito carcelario. Lo que el nada ingenuo buque insignia del Grupo Prisa presentaba espectacularmente hace unos días en su portada como «rastreo» -naturalmente baldío- de «la posible vinculación de ETA» no ha incluido labor de campo alguna, sino mero peinado recopilatorio de los más obsoletos archivos.

II.-UNOS MANDOS POLICIALES EN EVIDENCIA

Tan calada parece tener el comisario Rubio la falta de determinación y brío de Su Señoría que incluso cuando se vio en el aprieto de tener que reaccionar ante las revelaciones de EL MUNDO sobre el policía de origen sirio que liberó los móviles de los atentados, se dirigió al juzgado en términos lo suficientemente ambiguos -sería «conveniente investigar en profundidad» al tal Kalaji, «sin descartar incluso proceder a su detención»- como para cubrir las apariencias ante lo que pueda deparar el futuro, pero sin llegar a despertar al magistrado de su conformismo y su modorra.

Del Olmo no hizo, por supuesto, absolutamente nada. Ni en ese, ni en ninguno de los múltiples episodios que han dejado en evidencia a altos mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado; pues si bien los más de 130 tomos de lo hasta ahora instruido aclaran poco sobre quién planificó el 11-M y aportan nada sobre quién montó las bombas con móviles, incluyen en cambio una rica panoplia de indicios sobre la incompetencia policial que posibilitó la masacre y sobre las «imprecisiones» y «falsedades flagrantes» con que esos altos mandos enmascararon sus responsabilidades en sus comparecencias parlamentarias.

Sólo el informe, remitido por la Comandancia de Oviedo al juez, en el que figuran estas expresiones ya justificaría por sSuárez Trashorras (izda.) y Zouhier. (EL MUNDO) í mismo la reapertura de la Comisión del 11-M, pues además de subrayar las negligencias de todos los estamentos que debieron frustrar el abastecimiento de explosivos desde Asturias, prueba fehacientemente cómo el coronel Félix Hernando, jefe de la UCO, engañó a los diputados que le interrogaron. Lo hizo «presentando una nota interior», en la que informaba de lo averiguado tras las confidencias de Zouhier, «como un documento de cierre y traspaso de su investigación para poder desentenderse de consecuencias posteriores», es decir de los atentados. Y, lo que aún es más terrible, el informe denuncia que el 26 de julio de 2004 el alférez de la UCO que al día siguiente tenía que comparecer en el Parlamento pidió al jefe de Operaciones de Oviedo la destrucción de una segunda nota que probaba la continuidad de su investigación y desbarataba la falsa coartada de Hernando.

El levantamiento del secreto de sumario sobre estos hechos debería obligar, por cierto, al ministro de Defensa, que es quien tiene la facultad disciplinaria dentro de la Guardia Civil, a tomar cartas en el asunto. Bono se ha limitado hasta ahora a bloquear de facto la insensata pretensión de Arruche y la plana mayor del Cuerpo de ascender a Hernando a general. Pero lo que ahora tiene sobre la mesa es un episodio idéntico al que le llevó a suspender por seis meses a todos los guardias implicados en el caso Roquetas: una denuncia fundada de un intento de destrucción de pruebas y obstrucción de la acción de la Justicia.

TRASHORRASY si lo de Hernando clama al cielo, lo del lacrimógeno Manolón debería ser de condena al fuego eterno que merecen los farsantes.En el sumario hay un alud de testimonios que contradicen su declaración parlamentaria, según la cual «desde finales de 2002» su relación con Trashorras era sólo «coloquial» y fruto de la «vecindad», y dibujan un intenso do ut des en el que tanto el confidente como el policía vulneran una y otra vez la legalidad y en cuyo marco se hace inconcebible que el ex minero no informara a su protector de lo que se traían entre manos sus nuevos amigos de tez oscura.

Del Olmo, que por supuesto no aporta explicación alguna a las llamadas de Trashorras y su esposa Carmen Toro al teléfono del policía en las horas clave que precedieron al viaje de El Chino para recoger los explosivos, debería como mínimo deducir testimonio contra Manolón por tráfico de drogas y de vehículos robados.O al menos tratar de aclarar quién y por qué permitió al ex minero telefonear a su mujer en las decisivas primeras horas tras su detención, desde un número junto al que ella apuntó el segundo apellido del jefe de los Tedax, Jesús Sánchez Manzano.

Pero esto no tiene el menor viso de suceder pues, a la vista de ciertos contenidos del sumario, cualquiera diría que una de las más contumaces aficiones del juez instructor es la de ser engañado por el comisario Manzano. Todo sugiere que eso ya ha ocurrido en al menos tres ocasiones y que Su Señoría se ha tragado la ocurrencia de que un policía de base que se trasladó a Asturias usaba como alias el frutal apellido de su jefe, ha dado por buena la explicación de que a los Tedax se les olvidó advertirle de que los cables del detonador de la bomba de Vallecas estaban desconectados y ahora parece comulgar con la rueda de molino de que si Manzano le informó falsamente de que en la mochila en cuestión había metenamina -explosivo militar hallado en la furgoneta de Alcalá- y de que éste es un componente específico de la Goma 2 -cosa que, atención, no es así- fue por un «error de transcripción».

III.-UN PARLAMENTO ANTE SU RESPONSABILIDAD

Por todo lo antedicho, la secuencia de acontecimientos formada por el carpetazo a la investigación parlamentaria y el levantamiento del secreto de sumario constituye un escándalo político de enorme magnitud. Resulta indiscutible que si la Comisión continuara abierta no habría tenido más remedio que volver a llamar a declarar a todos estos mandos policiales que tanto engañaron por activa y por pasiva a sus desinformados interlocutores, además de a los jefes de las unidades que efectuaron los seguimientos, vigilancias domiciliarias e intervenciones telefónicas a gran parte de los imputados. Porque lo único claro a ZOUGAMestas alturas es que todo sucedió ante las mismas narices de los cuerpos policiales -o tal vez dentro de su propio vientre- y la sociedad española tiene derecho a saber por qué no se evitó la masacre.

Es una vergüenza que la única investigación judicial sobre las notas del confidente Cartagena en las que se advertía de los planes del grupo de El Tunecino para practicar la yihad «en España y en Marruecos», de sus conexiones con El Egipcio y de sus relaciones con Zougam la esté realizando un juzgado distinto al de Del Olmo y con el único propósito de averiguar quién se las filtró a EL MUNDO.

El CGPJ archiva investigación a Garzón por contenido de memoriasEs otra vergüenza que nadie del Consejo General del Poder Judicial haya mostrado el menor interés por averiguar qué es lo que ha venido pasando en el juzgado del supermagistrado Garzón -quien compareció ante la Comisión como si hablara estrictamente en calidad de experto antiterrorista, cuando en realidad tenía las mangas atiborradas de cartas marcadas- para que la información policial no se procesara, las escuchas telefónicas no se transcribieran y no se dictara medida cautelar alguna contra quienes estaban a punto de asesinar a 192 personas. Tal vez, entre tanto activismo político y tanto viaje autopromocional, al juez estrella le pasaba lo mismo que al presidente del tribunal que dejó erróneamente en libertad a Lamari ¡porque todos los nombres de islamistas le parecían iguales!

Y es otra vergüenza más que el PSOE continúe sin ofrecer a la opinión pública detalladas explicaciones sobre las circunstancias y conexiones que hicieron posible la afiliación de Mouhannad Almallah en su sede de San Blas. Máxime cuando ahora sabemos que la Brigada de Terrorismo Internacional sostiene que él y su hermano Moutaz fueron «un referente fundamental en la creación del 11-M», hasta el extremo de que sin su intervención la masacre «probablemente no se hubiera producido». Es de sentido común que a nadie se le da de alta en un partido -y menos a un sirio en Madrid en el verano de 2004- sin contrastar sus antecedentes, a no ser que se trate de alguien ya conocido en la agrupación o con padrinos de cierto empaque. ¿Por qué buscó Almallah con tanta confianza el abrigo del PSOE, cuando era consciente de que un mínimo chequeo de su trayectoria hubiera revelado las denuncias de su mujer o su primera detención por el 11-M?

Tal vez sea imposible esclarecer todo esto, pero el Parlamento tiene la obligación institucional de al menos volver a intentarlo.Toda vez que buena parte de sus conclusiones han quedado ya obsoletas a la luz del enorme caudal de nuevos datos incluidos en el sumario, sólo reabriendo la Comisión de Investigación podrán los diputados asumir su responsabilidad como representantes de un pueblo español que quiere saber toda la verdad sobre la masacre que cambió su Historia. Si no lo hacen se harán acreedores del mismo desprecio que merecen esos malos directores de periódicos que llegan a la redacción con los titulares de la portada decididos de antemano y luego no permiten que la realidad se los estropee.

pedroj.ramirez@el-mundo.es