Una solución que, de momento, no ha gustado nada -por insuficiente- a Izquierda Unida y ERC, que continúan reivindicando la anulación de las sentencias franquistas, bajo la advertencia de presentar sendas enmiendas a la totalidad del proyecto. La salida tampoco le asegura al Gobierno el apoyo del PP -contrario a remover heridas entre españoles y a legislar sobre «el pasado»-, cuya colaboración será esencial en la puesta en marcha de uno de los instrumentos previstos en el proyecto, el Consejo parlamentario que extenderá los referidos diplomas.

Y es que el Ejecutivo ha alumbrado una fórmula singular para el reconocimiento «moral» de las víctimas de la Guerra y la Dictadura. Será un Consejo de cinco notables -«de reconocido prestigio en las Ciencias Sociales» y elegidos por una mayoría cualificada de tres quintos del Congreso- el encargado de conceder las «declaraciones de reparación y reconocimiento personal». Éstas las podrán solicitar tanto las instituciones en favor de determinadas personalidades -léase, la Generalitat, si quisiera rehabilitar a Companys- como los ciudadanos particulares en favor de sus familiares.

Sin efectos.

Previamente, una «Comisión Interministerial» elaborará cada uno de los expedientes, según un procedimiento que durará entre uno y dos años. El proyecto evita en lo posible emplear de manera expresa el título de víctimas para llamar a quienes, mediante la Declaración y su publicación en el BOE, recibirán una simple reparación «simbólica» sin efectos jurídicos o económicos. No se derivará responsabilidad patrimonial del Estado ni indemnización.

Desde La Moncloa se justifica de dos formas el abandono de la propuesta de la izquierda de anular los procesos de la Guerra y el franquismo. Por un lado, argumentan que la jurisprudencia del Constitucional apunta a la imposibilidad de aplicar criterios de retroactividad a sentencias que ya agotaron sus efectos jurídicos antes de la entrada en vigor de la Constitución. Dicen también que el Gobierno quiere ahorrar procesos judiciales muy «costosos» a los ciudadanos. Añaden, en todo caso, que políticamente ésta es la fórmula «más sensata».

Paracuellos y los homosexuales.

Eso sí, el procedimiento se hará extensivo a todos quienes «padecieron persecución y violencia, por razones políticas, étnicas, sexuales...», lo que, según fuentes del Gobierno, incluye desde los condenados por homosexualidad hasta las víctimas de la matanza de Paracuellos, siempre que éstas decidieran acogerse a esta ley e instar los correspondientes expedientes.

Pensiones y exenciones.

Al margen de las declaraciones, el proyecto sí contempla las prestaciones económicas, que ascienden a alrededor de 20 millones de euros y que corresponden, por un lado, a la ampliación del ámbito de aplicación de la ley de 1979 que reconocía el derecho a pensión de los familiares de víctimas de la Guerra Civil -hasta 700 personas- y al reconocimiento expreso, por otro lado, de indemnizaciones a determinados colectivos como el de los trabajadores de los llamados Batallones Disciplinarios -alrededor de 1.500 beneficiarios-.

Los 'caídos' por la Democracia.

La memoria económica del proyecto asciende, en todo caso, a los 60 millones de euros. Y es que, entre otras muchas medidas, incluye una disposición adicional que reconoce indemnizaciones especiales para los españoles fallecidos en nombre de la Democracia, dentro de las fechas comprendidas entre el 1 de enero de 1968 (la citada por la Ley de Víctimas del Terrorismo) y el 6 de octubre de 1977 (La Ley de Amnistía). Este capítulo abarca casos muy dispares, de entre 30 y 40 españoles muertos en manifestaciones o huelgas, y contempla dotaciones fijas de 135.000 euros.

Exhumaciones.

El proyecto dedica un bloque a la localización de los cadáveres de las víctimas de la guerra y su exhumación. Sin embargo, no hace sino instar a las demás administraciones -autonómicas y locales- a colaborar en una tarea que es de su estricta competencia. Desde el Ejecutivo se subraya que no es su intención «promover» dichas exhumaciones, sino «facilitar» que se hagan, a petición de parte y bajo el habitual principio de contradicción de intereses. Lo que sí hará es apoyar, con subvenciones directas, a las asociaciones que trabajan en este campo, y elaborar poco a poco el mapa resultante.

Expropiaciones forzosas.

Si bien las exhumaciones se acogerán a los procedimientos administrativos reglados, el proyecto contempla en su artículo 16.1 que «la realización de actividades de localización y eventual identificación o traslado de las personas se constituye en fin de utilidad pública e interés social, a los efectos de permitir en su caso, y de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa, la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse».

Símbolos.

El campo de acción del Ejecutivo será aún mayor en lo que se refiere a los símbolos y monumentos referidos a los dos bandos de la Guerra Civil. Sobre el papel, el proyecto obliga a la retirada de escudos, insignias o placas conmemorativas de titularidad pública «cuando exalten a uno solo de los bandos (...) o se identifiquen con el régimen instaurado en España a su término». Sin embargo, los comentarios -tanto off the record como a micrófono abierto- procedentes del Ministerio de la Presidencia auguran probables e inminentes polémicas. Y es que, si bien el proyecto no incluye un catálogo de monumentos afectados por la norma, se admite abiertamente que las estatuas de Franco habrán de desaparecer, mientras descartan que ocurra lo propio con otras estatuas que, aunque menos conocidas, conmemoran a mandatarios del bando republicano como Francisco Largo Caballero -presidente del Gobierno y ministro de la Guerra (1936-1937)- e Indalecio Prieto, ministro de Aire y Marina, y de Defensa Nacional. Según María Teresa Fernández de la Vega, «las personas que han formado parte de un Gobierno democrático no parece que estén incluidas en este aspecto». La vicepresidenta subrayó que no hay más límite a esta retirada de símbolos que la protección del Patrimonio Artístico -las vidrieras en El Alcázar de Toledo, por ejemplo- y el sentido común.

Artículo 7.3. «La Declaración omitirá toda referencia a la identidad de cuantas personas hubiesen intervenido en los hechos o en las actuaciones jurídicas que dieron lugar a las sanciones o condenas».

Artículo 18.1. «El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos».

Artículo 18.2. «En ningún lugar del recinto del Valle de los Caídos podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo».

Artículo 18.3. «La Fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Ccvil y de la represión política que la siguió».

Artículo 19. «Las administraciones públicas podrán prever subvenciones para la confección de censos de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores y por prisioneros en campos de concentración».

Artículo 20.1. «A los voluntarios de las Brigadas Internacionales nos les será de aplicación la exigencia de renuncia a su anterior nacionalidad».

Artículo 22.1. «Se constituye el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en la ciudad de Salamanca».