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noticias nacionales : Mingote en la portada de ABC
el 29/10/2008 9:20:00 (1388 Lecturas)

"Y nosotros aquí, empeñados en ser españoles a cambio de nada"

EL Cuerno de la fortuna del Gobierno de Zapatero derrama el dinero sobre los que piden la independencia de España

Derroche de dinero público

EL correcto uso de los fondos públicos es uno de los signos distintivos de un buen sistema democrático porque demuestra el respeto de los gobernantes por el dinero de los ciudadanos. Así de sencillo...

 
Cualquier manejo abusivo o pródigo de ese dinero no sólo descalifica a quien lo perpetra, sino que además daña el crédito del sistema político ante la opinión pública. Por eso no basta con que los responsables políticos que han incurrido en dispendios inadmisibles a cargo del erario público acepten el error y hagan gestos de retractación, en la mayoría de los ocasiones forzados, insinceros e incompletos. Un sistema que no es capaz de purgar a quien malgasta el dinero público no puede reclamar el respeto de la sociedad. En los últimos días, ABC ha venido informando de la comisión de gastos injustificables por parte de ciertas autoridades autonómicas. El presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, pagó cerca de 20.000 euros para dotar a su lujosísimo coche oficial de simples caprichos -reproductor mp3, reposapiés de madera noble, un escritorio o un televisor- impropios de una inversión con dinero público. Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, quien dispone de una flotilla particular de hasta cuatro coches oficiales, ha dispuesto de dos millones de euros para reformar varias dependencias oficiales de su presidencia y, en particular, su despacho.

Con crisis económica o sin ella, estos gastos son un auténtico escándalo que ofende la dignidad de la función pública y el compromiso ético de los cargos políticos con la sociedad. Pero sucede que con una situación de crisis, desinversión y desempleo, estas noticias elevan el reproche al grado de malversación, aun cuando, por esas laxas interpretaciones de la ley penal, no sean técnicamente calificadas como tal delito. Existen organismos de intervención del gasto público, tribunales de cuentas y hasta una Fiscalía Anticorrupción, muy activa -como debe ser- contra los chanchullos de concejales y alcaldes, preferentemente del Partido Popular. Si en casos como el de los dos millones de euros de la reforma en las oficinas del presidente de la Xunta, o el de los 20.000 euros empleados para «tunear» el «coche fantástico» de Ernest Benach, no hay una mínima reacción institucional autónoma, es el Estado, bien sean sus instituciones centrales, bien sus comunidades autónomas, el que pierde legitimidad ante los ciudadanos. Ciudadanos a los que bien se encargan las administraciones públicas de recordar su condición de contribuyentes.

La nueva etapa socialista en el poder iba a ser la de las prácticas del «buen gobierno», definido en aquellas instrucciones aprobadas con todo tipo de alharacas -y difundidas con un desmesurado andamiaje de propaganda- por el Consejo de Ministros en febrero de 2005, que ponían en el umbral de las virtudes públicas la transparencia, la austeridad y la ejemplaridad. Ni Benach ni Pérez Touriño forman parte del Gobierno central, pero están donde están por el PSOE. Y a este partido incumbe, por sus pactos de gobierno, la responsabilidad de hacer efectivas esas recomendaciones éticas y de uso racional de los recursos públicos, que se caen por su base cuando suceden episodios como estas liberalidades dinerarias de políticos manirrotos. Los mismos políticos que luego, eso sí, exigen al Ejecutivo central que atienda las necesidades financieras de las comunidades autónomas con la transferencia de fondos que se reclaman para escuelas, hospitales e infraestructuras. No es sólo el valor del dinero lo que está en juego. Es también el valor del ejemplo ante una ciudadanía sacudida por los rigores de la crisis económica y escandalizada ante estos dispendios.

Quizás el problema sea más grave que el de una mala gestión de dinero público y lo que muestran estos casos de malversación -en el sentido que establece la RAE de «destinar caudales públicos a un uso ajeno a su función»- sea la mala calidad de la clase política en su conjunto. En particular, por el pobre sentido que tiene de la responsabilidad ética ante los ciudadanos, propiciado seguramente por un sistema que no se depura a sí mismo si no es con la gravosa y lenta intervención de los tribunales de justicia, o bien a golpe de escándalo informativo que obliga a los partidos políticos o al gobierno de turno a soltar lastre por puro cálculo electoral y de imagen. El «buen gobierno», sin siquiera necesidad de ampulosos y demagógicos códigos, sólo llegará cuando, con toda naturalidad, el político que malgaste el dinero de los ciudadanos deje su cargo oficial, pida perdón públicamente y se vaya a casa.

Editorial ABC Miércoles 29 de Octubre de 2008

 

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